El Gobierno español aprobó el pasado 18 de enero en el Consejo de Ministros el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que está dotado de 432 millones de euros. Además, saldrá adelante el bono joven de ayuda al alquiler, consignado en los presupuestos con 200 millones de euros, y el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
Dentro del nuevo plan figura un nuevo paquete de ayudas para la población vulnerable, así como para los promotores de vivienda en alquiler asequible. Otro de los puntos que se presentan en este proyecto es el relativo a fomentar la vivienda colaborativa, un modelo también conocido como cohousing.
El objetivo es potenciar un sistema de acceso a la vivienda basado en la posibilidad de que los ciudadanos puedan juntarse voluntariamente para compartir espacios comunes. A diferencia de una urbanización, donde cada persona o familia tiene su residencia individual, en este modelo se comparten más zonas, como, por ejemplo, la cocina, el salón o la lavandería. Según los defensores de esta idea, la fórmula tiene un componente de socialización y de residir en una comunidad con mayor capacidad de autogestión.
Los defensores del modelo se alinean con las propuestas de la Agenda 2030 que abogan por cambiar el modelo de vivienda, entre otras cosas, para optimizar el suelo y ganar mayor eficacia en la gestión de los recursos. Asimismo, desarrollan que esta fórmula genera espacios habitables de mayor calidad y más sostenibles ambientalmente.
Por lo tanto, no tiene que ver con la idea de compartir un piso o vivir en una urbanización, sino que busca dar cabida a aquellos ciudadanos que comparten unos determinados intereses o preferencias de poder vivir en un mismo entorno. Aun así, la iniciativa no es nueva, surgió en Dinamarca en los años sesenta y más adelante se trasladó a Estados Unidos. La intención de este sistema era fomentar una idea de vida comunitaria. Sin embargo, también existen posiciones en contra que alertan de que este sistema puede ser otra excusa perfecta para que grupos de inversión e inmobiliarias puedan gestionar viviendas más pequeñas que, realmente, esconden un modelo de precariedad que se aprovecha de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda tradicional.
Posiciones intermedias defienden tanto un argumento como el otro. Ven con buenos ojos que los ciudadanos tengan opciones jurídicas que les faciliten poder organizarse en torno a una vivienda y tengan mayor capacidad de autogestión, libres de fondos buitres y grupos especulativos. No obstante, esto no quita la idea de que existan determinadas compañías o empresas que bajo la etiqueta de cohousing, que tiene connotaciones positivas, busquen especular con la intención de enriquecerse a costa de ofrecer viviendas más pequeñas, de peor calidad y habitadas por ciudadanos precarios.
Fuente: Público, Candela Barro