El Consejo de Ministros aprobó el 12 de abril el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable dentro de Ley de Contratos del Sector Público para incentivar con contratos y licitaciones públicas las prácticas de contratación de personas discapacitadas, de igualdad entre hombres y mujeres, de conciliación laboral y de buenas condiciones salariales.
Con ello se pretenden cumplir objetivos varios, como las oportunidades de empleo, la dignificación del trabajo, la accesibilidad y la inclusión social, ámbitos en que están implicadas desde hace tiempo las entidades de Economía Social. Esta forma de “contratación pública estratégica”, es novedosa en tanto que se supedita a políticas clave como las sociales.
Los tres ejes que vertebran el plan pretenden:
a) Sistematizar las previsiones legales actuales en materia de contratación socialmente responsable en la fase de la redacción de pliegos (se excluirán las empresas que no cumplan la cuota obligatoria de un 2% de la plantilla con discapacidad). Asimismo, obligar a rechazar ofertas que vulneren normativa social o laboral y a valorar consideraciones sociales como parámetros de la calidad de la prestación y a asegurarse de que los contratistas cumplan ciertas consideraciones sociales durante la ejecución si no quieren exponerse a una cancelación.
b) Crear un grupo de trabajo interministerial sobre criterios sociales en la contratación pública en la fase de preparación, a fin de que se avengan a lo establecido por la ley.
c) Formar gestores del sector público estatal que sigan las orientaciones fijadas.
Fuente: Observatorio Español de la Economía Social