El pasado día 19 de noviembre fue aprobada la nueva Ley de Contratos del Sector Público en el Congreso de los Diputados, que incluye cambios normativos a favor de la Economía Social, “que contribuirán a generar riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial”.
Las principales oportunidades que ofrece la norma para que las empresas de Economía Social sean consideradas en los procesos de contratación por parte de los poderes públicos, son numerosas y están recogidas en distintos lugares de la Ley.
Así, en el objeto y finalidad de la Ley ya se contempla que se ha de facilitar el acceso a la contratación pública de las empresas de Economía Social. Los criterios sociales y medioambientales se han de incorporar de manera transversal en toda contratación.
Por otra parte, la norma supera el desfasado concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos, y se sustituye por el de mejor relación calidad-precio. Además, se ha incorporado, como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la Economía Social.
La reserva obligatoria de contratos para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo mejora sustancialmente su definición y exigencias en la nueva ley. Y se limita esta reserva obligatoria a la figura de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, tal y como el sector venía demandando históricamente.
Fuente: CIRIEC