El Consejo de Gobierno aprobó el martes el IV Plan Vasco de Inclusión 2017-2021, una herramienta básica para la articulación y estructuración de las políticas vascas en materia de inclusión. Este plan tiene un carácter interdepartamental, entendiendo que el objetivo de la cohesión social y de la lucha contra la desigualdad es competencia de todos los departamentos del Gobierno Vasco, tal y como explicó la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Por ello incorpora actuaciones en diversos ámbitos, tales como la educación, el empleo, la salud, los servicios sociales, el trabajo y la vivienda. En esta misma reunión el Ejecutivo vasco ha aprobado además un paquete de medidas sociales por valor de más de 70 millones de euros.
El Plan tiene seis principios de actuación para potenciar Euskadi como territorio inclusivo: la activación inclusiva; la calidad de vida, personalización y autonomía; la perspectiva de derechos; la atención comunitaria; la combinación adecuada de servicios y prestaciones; y la participación de la ciudadanía, de las personas afectadas y de las entidades del Tercer Sector.
El documento cuenta con el visto bueno del Consejo para la Inclusión Social, que incluye la presencia de representantes del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, así como las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las de personas usuarias, las del tercer sector de acción social que intervienen en materia de inclusión y las de profesionales que trabajan en el campo de la inclusión social.
Además de este plan, el Gobierno Vasco ha aprobado un paquete de medidas sociales valorado en más de 70 millones de euros: 33,7 millones para fomentar la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo; 19,5 millones para la contratación del Servicio de Teleasistencia; 10,22 millones para la creación y sostenimiento de empleo en las empresas de inserción, 4,79 millones para fomentar actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social; 1,7 millones a las empresas que faciliten la conciliación; y 500.000 a la subvención de abono de cuota a la Seguridad Social a quienes reciben la prestación por desempleo en pago único.
Fuente: Irekia