Se celebró en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU en Donostia organizada por el Instituto GEZKI (Instituto de Economía Social y Derecho Cooperativo). La charla de la mañana se llevó a cabo bajo el título de “Cuestión nacional y cooperativismo, el caso catalán”, mientras que en el ciclo de diálogo de la tarde se debatió sobre las Políticas Públicas de la Economía Social y Solidaria.
En la jornada de la mañana, el cooperativista catalán Jordi Garcia argumentó por qué debería el cooperativismo respaldar el derecho de decidir, en general y en particular para el caso catalán, apoyándose en 5 de los principios declarados del movimiento cooperativista: la adhesión voluntaria, la gestión democrática de las organizaciones, la autonomía e independencia de las cooperativas y el arraigo al entorno.
A continuación habló sobre los puntos de encuentro que a su modo de ver existen entre los movimientos de liberación nacional en general y el cooperativismo, como son la proximidad y la soberanía colectiva (en el ámbito político y en el económico respectivamente). Después dedicó unos minutos para repasar el movimiento cooperativo catalán destacando algunas de sus figuras más destacadas desde el final del siglo XIX, para finalizar con un pequeño debate entre las personas asistentes.
En la jornada de la tarde Garcia Jané comenzó por delimitar por una parte la Economía Social y Solidaria y, por la otra, las políticas públicas de la misma, las cuáles definió no sólo como el conjunto de las acciones, sino también las omisiones del estado que influyen en el curso de la Economía Social y Solidaria. Acto seguido recordó que las políticas públicas tradicionales desde las comunidades autónomas, el estado español y Europa se han centrado, en su mayoría, en la creación y mantenimiento del empleo de las cooperativas y sociedades laborales como método anti-cíclico para hacer frente a la tasa de paro en constante aumento, y a la mejora de la competitividad de dichas entidades.
Frente a (solamente) dichas políticas públicas defendió otros tipos de políticas públicas necesarias para la Economía Social y Solidaria a las que, bajo su punto de vista, se debería avanzar, que tengan una visión global de todo el sector (no sólo de ciertas entidades), co-construidas con los agentes implicados y enraizados al territorio.
Unas políticas públicas para la Economía Social y Solidaria, según el catalán, deberían enmarcarse, en primer lugar, en un marco consistente en una ley general de Economía Social y Solidaria y otras leyes más específicas y que serían favorecedoras de las siguientes políticas:
– Políticas de fertilización, encaminadas a promover el empoderamiento individual, el asociacionismo, etc. que fortalecerían el “humus” para la implantación y promoción de experiencias de la Economía Social y Solidaria.
– Políticas de impulso, que se dividirían en políticas de sensibilización (para que la gente conozca el sector, sus valores, etc.), de creación (facilidades para la creación, de tipo fiscal, etc.), de consolidación (acompañamiento, asesoramiento, etc.) y de puesta en marcha de proyectos emblemáticos (que tendrían un efecto tractor).
– Políticas sectoriales en diferentes ámbitos, como en finanzas, vivienda, de gestión de equipamientos públicos, etc. más allá de las de inserción socio-laboral predominantes actualmente.
– Políticas de apoyo a las líneas anteriores, entre las que destacarían la detección y el conocimiento de la realidad existente, la evaluación del impacto social de las entidades de la Economía Social y Solidaria (como el balance social, por ejemplo) y la evaluación de las políticas públicas para el sector y la investigación aplicada sobre el mismo.
Fuente: OVES